El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), del Ministerio de Educación, instaló 39 aulas prefabricadas en siete instituciones educativas con mayores necesidades de infraestructura de las provincias de Ascope, Chepén Pataz y Sánchez Carrión, de la región de La Libertad, beneficiando principalmente a niños y niñas de las zonas rurales.
Las instituciones beneficiadas están conformadas por seis escuelas de zonas rurales y un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), atendiendo así a la población escolar que urge de contar con infraestructura de calidad para desarrollar sus aprendizajes.
Instituciones
Entre la población atendida se encuentran los escolares del colegio Nº 81034 José María Arguedas, situado en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, que ahora dispone de cuatro aulas prefabricadas.
Asimismo, la IE N° 80743, ubicada en el caserío del Valle de Vijus, distrito y provincia de Pataz, recibió dos módulos prefabricados para el nivel inicial, reemplazando a las dos aulas que se encontraban en mal estado (muros de triplay y techo de calamina).
También se ha atendido a los niños de la IE de Inicial “Piecitos Inquietos” del distrito y provincia de Ascope, donde el mes pasado se instaló un aula prefabricada, la cual cuenta con rampa de acceso, iluminación, adecuada ventilación, entre otras estructuras que les brindan adecuadas condiciones.
Asimismo, en Ascope, en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Casa Grande se instalaron 15 aulas prefabricadas.
En la provincia de Sánchez Carrión fue atendida la IE 80224 Angasllancha del distrito de Sartimbamba con 13 aulas prefabricadas.
En tanto, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chepén, la IE 81719 recibió dos aulas prefabricadas y la 81569 El Milagro también cuenta ahora con dos módulos prefabricados.
El PRONIED indica que todos los procedimientos para la compra, fabricación, transporte e instalación de estos bienes educativos se encuentran bajo el escrutinio de la Contraloría General de la República.
De este modo el PRONIED asegura el buen uso de los recursos y la calidad del gasto de inversión en la reducción de la brecha de la infraestructura educativa pública en el país.
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